Tras muchos meses de pandemia, la sociedad comienza a ver luz gracias a la vacunación. Pero desde el principio las autoridades dijeron alto y claro que serían voluntarias. Y aquí entra un problema que va más allá de la propia libertad, y es el deber de tener que decidir por otros: en este caso, las personas incapacitadas.
Como estas personas no pueden decidir por ellas mismas sobre su salud, el objetivo ante estos casos debe ser siempre la búsqueda de el máximo beneficio y apartar cualquier opción que pueda implicar un riesgo en la salud de la persona en concreto.
M.ª Carmen Massé García, directora del Máster en Bioética de la Universidad Pontifica Comillas, médica de familia y Doctora en Teología Moral, pone sobre la mesa este dilema con tres casos en concreto que han sucedido recientemente, todos ellos con personas viviendo en residencias.
Casos de vacunación a personas incapaces
Se dan varios casos en contra de la vacunación a personas incapaces por parte de la familia.
Caso 1: la hija y principal cuidadora de una mujer decidió retrasar la vacunación de su madre. El motivo fue el conflicto interno y dificultades con otros familiares al ser ella la que debía tomar la decisión. Por ese motivo pensaba que esperar a ver cómo le va al resto de la sociedad sería lo mejor, pero lo mejor para no fallar a su entorno, no lo que mejor le vendría a su madre.
Aquí, el tribunal considera dar luz verde a la vacunación ya que los beneficios para las personas, especialmente de su edad, son mayores que los riesgos que existen hasta el momento.
Caso 2: La hija de una mujer prefiere esperar más tiempo para vacunar a su madre ya que acaba de empezar el proceso de vacunación y no ha dado tiempo para comprobar los efectos adversos de ésta. M.ª Carmen Massé García piensa que es una teoría interesante, ya que para comprobar los riesgos de otras vacunas (como el dengue, meningitis o polio) se tardaron hasta 100 años, no como con la vacuna del COVID-19, por lo que es imposible saber los efectos secundarios a la larga.
En este caso, el tribunal vuelve a considerar que la vacunación es una eficaz alternativa para la vida de la persona tutelada.
Caso 3: Este caso es muy diferente a los anteriores, ya que la persona incapacitada rechazó la vacuna por motivos que responden a su inestabilidad a la hora de valorar temas que afectan a su vida, con fuertes comentarios sobre la vacuna, como “es una tapadilla” y “sirve para gastar la saliva”.
El tribunal considera claramente que la persona no tiene autonomía ni validez para tomar decisiones sobre su salud.
Consideraciones por el tribunal en estos casos sobre la vacunación
- La edad, ya que la mayoría de fallecidos por el COVID-19 estaban ya en edad avanzada.
- La demencia, por disminuir el cuidado personal y medidas de seguridad de la persona hacia sí misma.
- La institucionalización. Es muy importante el lugar de alojamiento, especialmente si se trata de residencias en donde los contagios, incidencia y casos mortales son más elevados.
La doctora M.ª Carmen Massé García no pone en duda el hecho de que los beneficios de la vacunación superan con creces a los posibles riesgos. Lo que sí nos anima a preguntarnos es: “¿Podemos afirmar que siempre y para todas las personas incapacitadas el consentimiento por parte del tutor legal tiene que ser positivo para las vacunas?”.
La doctora concluye con la reflexión de ir siguiendo e investigando cada caso con el objetivo de la salud y vida plena de las personas, y de la importancia de la biomédica para “hacer de puente entre las ciencias y humanidades”. Finalmente anima a que el derecho también forme parte en la labor de “construir una sociedad más humana para todos, incluyendo a los más vulnerables”.
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